América Latina luego de la ola de gobiernos progresistas que entró en vigor desde el 2005 en la cual se vivieron importantes avances sociales y procesos democratizadores; experimenta a partir del 2016 ya sea mediante triunfos electorales, golpes parlamentarios, persecución de líderes políticos, el retorno de la derecha y la oligarquía que lograron imponerse en varios países de la región.
En este contexto, y mantenido los matices de cada nación se puede observar un aspecto en común: la imperiosa necesidad de la ofensiva conservadora de demonizar, estigmatizar y extirpar la memoria de los avances democratizadores conquistados. La persecución a los liderazgos populares esta siempre acompañado de una mordaz ofensiva ideológica y política hacia las conquistas sociales de los gobiernos progresistas. Lo anterior responde sin duda a que la derecha es totalmente consciente de que la manera de NARRAR, INTERPRETAR, y SENTIR lo experimentado durante la ola progresista constituye un terreno de lucha fundamental en la cual se decidirán las alternativas políticas de cara al presente y futuro de Latinoamérica.
El caso del Ecuador, por ejemplo, el expresidente Rafel Correa enfrenta decenas de juicios resultado del “lawfare” desde mayo del 2017. A la par que, el discurso de los dos últimos gobiernos se ha empeñado en desacreditar y repetir mentiras al sostener que las obras realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvieron acompañadas de corrupción sin presentar ningún argumento técnico o serio y que son replicadas por medios de comunicación funcionales. Desconociendo que las obras en salud, educación, inversión en seguridad, etc. significaron incalculables mejoras en la vida de millones de familias.
Lo cierto es que, en la lucha contra la corrupción no se trata de contar relatos sino de ver y analizar datos, precisamente porque se debe mantener en la memoria de los pueblos las importantes conquistas sociales de los gobiernos progresistas y no se debe permitir que la oligarquía se apropie con mentiras hasta del discurso contra la corrupción. Además de que la responsabilidad en el combate a la corrupción debe ser compartida por todos los sectores de la sociedad, de modo particular por el sector público.
Es por esto que, a continuación se presentan datos duros que evidencian que el gobierno del presidente Rafael Correa fue de los mejores en latinoamérica en luchar contra el opio de la corrupcion.
La corrupción significa la pérdida y desvío de los recursos económicos que pudiendo servir para los mejores intereses comunes (invertir en salud y educación pública, seguridad, etc), terminan por beneficiar intereses individuales de personas corruptas tanto en el ámbito público y en el sector privado. Algunas de las causas radica en la falta de principios fundamentales como la honestidad y la integridad, valores que debieran ser indispensables para quienes participan del quehacer político en todo nivel.
Los años en que la Revolucion Ciudadana gobernó el Ecuador 2007-2017, se caracterizaron precisamente por una auténtica lucha contra la corrupción lo que permitió superar el grave problema en que estaba sumido el país y que se había agravado en los primeros años del nuevo milenio. En el 2006 el Ecuador se ubicaba en el puesto 150 de 180 paises de acuerdo con el ranking de corrupción gubernamental elaborado por la Organización Transparencia Internacional. Para el 2016 el país mejoró su posición en el ranking emplazándose hasta el puesto 120.
A nivel internacional el Ecuador fue el país latinoamericano que más puestos redujo en el ranking de corrupción con lo que mejoró su ubicación en 30 puntos:
Asi mismo, según el indicador “Incidencia de sobornos” del Banco Mundial, en el Ecuador hasta el 2006 el 15,4% de empresas pagaron al menos un soborno, para el 2010 este indicador se redujo considerablemente hasta el 1,7%, incrementádose nuevamente a partir del 2017.
En este mismo sentido, en el 2006 en nivel de desconfianza en las instituciones del Estado alcanzaba el 88,6 % de la población ecuatoriana. A partir del 2007, la población recobró la confianza en las instituciones, porque por ejemplo ya no se tenía que pagar por realizar trámites en el Registro Civil donde además la calidad y eficiencia de los servicios mejoró significativamente, con lo que para el 2010 la desconfianza de la población cayó hasta el 55%. A partir del 2011, el Ecuador no fue considerado dentro de los paises con mayor desconfianza institucional de acuerdo a la medicion de Latinobarometro. Sin embargo desde el 2018, el país nuevamente entró en esta categoría y cerró el 2020 con el 84% de la poblacion que desconfia en el aparato público, es decir, el Ecuador en los últimos dos gobiernos ha retrocedido 14 años en este importante indicador. Lo que refleja el abando de los gobiernos neoliberales a las demandas ciudadanas y a los sectores sociales más necesitados.