Pago de la deuda social

El gobierno de la Revolución Ciudadana auditó y declaró la deuda externa ilegal y, en una maniobra financiera sin precedentes, utilizó la lógica del mercado para recomprar los títulos de la deuda. Esto permitió que el dinero del pueblo dejara de alimentar los intereses del FMI y pasara a ser invertido en educación, salud y generación de empleo.

En febrero del 2007, el Banco Central del Ecuador reportaba que la deuda externa del país ascendía a 16.800 millones de dólares. El interés pago a la banca internacional impedía que el país pudiera hacer inversiones en educación, salud, vivienda entre otras prioridades para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. En el año 2006, el servicio de la deuda representaba un 24% del presupuesto del Estado, equivalente a USD 2.390 millones, mientras que la inversión pública solo alcanzaba los USD 1.976 millones.

Bajo la lógica neoliberal, varios presidentes de la República, gerentes del Banco Central del Ecuador, procuradores del Estado y ministros de finanzas, permitieron que el país adquiriera una deuda externa prácticamente impagable. El dinero de los préstamos, supuestamente, sería invertido en grandes obras de infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, pero a la final eran absorbidos por la corrupción e ineficiencia en la gestión de lo público.

En los años 90, la deuda externa llegó al 50% del total del presupuesto del Estado. Con los préstamos adquiridos por el estado Ecuatoriano, los acreedores internacionales obligaban a que el Ecuador tuviera como prioridad cumplir sus compromisos con el pago de los altos intereses de la deuda, quedando así en segundo plano atender las inmensas necesidades de los más pobres del país. La inversión en educación en el año 2005 y 2006 fue, en cada uno, de 12%, mientras que los recursos destinados al pago de la deuda fueron de 36% y 47%, respectivamente.

Esta perversa lógica era cumplida por los gobiernos de turno, aumentando la miseria y eliminando cualquier posibilidad para el desarrollo del Ecuador. Para sacar el país adelante era necesario acabar con la inmoral deuda externa que asfixiaba la economía.

La voluntad política del Gobierno de la Revolución Ciudadana era el componente que faltaba para lograr este objetivo prácticamente inalcanzable: pagar la deuda externa e invertir en el desarrollo del país.

Para iniciar este proceso, el Gobierno Nacional creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Pública CAIC, de la que hacían parte, entre otros, expertos como Alejandro Olmos, Jurgen Kaiser y Maria Lucia Fattorelli, y que se encargó de realizar una auditoría al proceso de endeudamiento del país durante el período de 1956 a 2006. Fueron 14 meses de un extenso trabajo analizando la deuda en bonos, la deuda con el FMI y Banco Mundial, entre otras organizaciones internacionales.

En noviembre del 2008, la CAIC concluyó que existían evidencias para declarar la ilegalidad en múltiples renegociaciones con la banca privada internacional, perjudiciales para Ecuador y favorables a los intereses de los acreedores internacionales.

A partir de ese anuncio el gobierno ecuatoriano decretó el cese del pago del 70% de los bonos de la deuda. La reacción del mercado fue la venta de los bonos de las deuda ecuatoriana, por parte de los acreedores, con valores muy bajos -sobre el 20% de su valor. A partir de ese momento el gobierno ecuatoriano comenzó a comprar los bonos y con una inversión cercana a los $ 800 millones de dólares adquirió $ 3.000 millones. Esta innovadora maniobra financiera logró la reducción de su deuda real y un ahorro de cerca de 7.000 millones de dólares para el país, sin dejar de cumplir los compromisos con la banca internacional.

Después de la exitosa recompra de los bonos de la deuda externa, el gobierno creó mecanismos legales que en la actualidad garantizan que el endeudamiento externo solo puede ser utilizado para proyectos productivos que generen retorno en divisas.

“El Ecuador no está en venta”.- Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador.

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