Después de más de ocho años de estabilidad y progreso, especialmente nuestros jóvenes tienden a olvidar lo que era el viejo país: un Ecuador sin proyecto nacional, inmovilizado por los grupos fácticos con poder de veto, desde la supuesta izquierda radical y siempre violenta, hasta la derecha bancaria, pasando por supuestos gremios empresariales.
No importaba quién ganara en las elecciones y cuál programa fuese votado en las urnas. Frente al fraccionamiento del poder, “ellos” decidían qué era lo que se podía hacer o no.
¿Cómo se ‘procesaban’ estos conflictos? Con la entrega de nuestros colegios al MPD, de la educación bilingüe a Pachakutik y Conaie, Banco Central y Superintendencia a ciertos grandes bancos, permitiendo a los medios de comunicación su impunidad y privilegios, con ministros impuestos por las cámaras de producción. En definitiva, el reparto de la Patria cual botín entre piratas.
Así se generaba un ‘statu quo’ que complacía a todos estos poderes fácticos, pero que tenía al país entre los más atrasados de América Latina. Esta perversa situación fue pulverizada por la Revolución Ciudadana, irrumpiendo con un proyecto nacional con inmenso apoyo popular, y que los de siempre llaman “autoritarismo” y “concentración de poderes”.
El cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y en detrimento de pocos pero poderosos grupos es lo que mejor define a nuestra Revolución. Se trata de la transformación de un estado aparente, representando tan solo los intereses de ciertos sectores, en un estado integral, representando el bien común, la razón de ser de la autoridad política.
Aprovechando un año difícil y la restauración conservadora a nivel regional y mundial, estas fuerzas derrotadas una y otra vez en las urnas quieren reconstituirse. Saben que no podrán gobernar porque son absolutamente disímiles y fraccionadas, pero quieren recuperar su poder de veto. Esa es la explicación de las últimas marchas y “demostraciones” de fuerza.
Estamos ante un desafío como el 30S. Ahora o nunca el Ecuador da un salto cualitativo hacia una verdadera democracia, hacia un verdadero estado de derecho, donde ningún grupo, por importante que se crea, pueda imponer su agenda política si no ha ganado en las urnas. De fracasar en esta prueba, el país volverá a ser rehén eterno de los grupos que no proponen, tan solo imponen.
La amoralidad de ciertos actores niega hasta lo evidente. Las protestas estuvieron llenas de violencia, y graves delitos, incluidos secuestros, torturas y tentativas de asesinatos. Hoy nuevamente intentan la “justicia del tumulto”, es decir, con marchas y acciones de fuerza, dejar los graves delitos cometidos sin sanción ni responsabilidades.
Si queremos seguir adelante como país, nadie puede estar por encima de la ley. Esta es una prueba decisiva de la fortaleza de las instituciones de la Patria.
Este es un gobierno fuerte, sabremos resistir, pero es un error pensar que se trata de nombres o personas. El problema de fondo es el poder perdido por los grupos de siempre, así usen poncho o corbata ejecutiva.
El dilema es volver al viejo país del poder de veto, o seguir gobernando en función del bien común, siempre con la opción preferencial por los más pobres.
Publicado en diario El Telégrafo.