El ex primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa, compartió los micrófonos de Radio Pichincha Universal, donde se refirió a la denuncia de entrega de armamento no letal y bombas lacrimógenas por parte del gobierno de Lenin Moreno al régimen de facto de Jeanine Añez en Bolivia, utilizado para reprimir la protesta social generada por el golpe de estado en contra del entonces presidente de ese país, Evo Morales.
“Esto demuestra que hay coordinación entre regímenes represivos, llaman insurgencia a la protesta social, eso sí es criminalización de la protesta, como lo ha dicho Lasso y como hacen en Colombia y Chile. Esto debe tener consecuencias judiciales, pero como Moreno ha sido títere de las élites es probable que no pase nada”.
También habló sobre la indemnización que el estado ecuatoriano debe pagarle a la multinacional petrolera Perenco, tras la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por una disputa del 2007 respecto de la participación en los excedentes petroleros.
Criticó que la defensa ejercida por el Procurador Iñigo Salvador ha sido pobre, “es mediocre como todos los funcionarios puestos por Trujillo”.
Explicó que desde los años 90, con los contratos de participación las compañías que explotan petróleo en el país entregaban aproximadamente $5 al estado por cada barril, sin importar que este costara $15 o $50. En el gobierno de Alfredo Palacio se aprobó la Ley 42, para que el 50% de las ganancias extraordinarias vayan a las arcas fiscales.
Al inicio de su gobierno, Correa subió ese porcentaje a 99% para obligar a las petroleras a negociar. Así se logró cambiar los contratos de participación por contratos de prestación de servicios, con los cuales se cubren costos y utilidades de las compañías. Estas ganan, por ejemplo, $15 por barril, independientemente de las fluctuaciones del precio internacional.
Aseguró que dichas negociaciones fueron un éxito rotundo, y que solo Burlington y Perenco “dejaron botados” los campos 7 y 21 por lo que ellos deberían ser los enjuiciados. Sin embargo, agregó, con la explotación de esos bloques el país ha generado más de mil millones de dólares, y debe pagar menos de 400 millones como indemnización, por tanto, haber cambiado la modalidad de contratos no deja de ser un beneficio para el estado.
Para finalizar, se refirió a la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden en la Cumbre del G7 de controlar a los paraísos fiscales a través de un impuesto global del 15% para evitar la competencia desleal. Recordó que hay colaboradores cercanos al presidente Guillermo Lasso que defienden esto como una forma ética, legal, de eludir los impuestos. “Debemos acabar con esos paraísos fiscales que son guarida de capitales mal habidos, los llevan para ocultar la fuente legítima, no pagar impuestos, eso es corrupción”.