El 14 de julio, el Presidente de la República, Rafael Correa, emitió un mensaje a la nación a través de cadena nacional, en el cual informó a la ciudadanía que se envió una pregunta a la Corte Constitucional a fin de conocer su criterio para que el Consejo Nacional Electoral llame a una consulta popular sobre la legitimidad del ejercicio de un cargo público de los ciudadanos ecuatorianos que poseen bienes en paraísos fiscales.
Queridas ecuatorianas y ecuatorianos:
Los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo.
En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen.
A esos “paraísos” no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la Nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza –incluso a veces ilícito- empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales.
Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres son los más perjudicados. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde.
En nuestro país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado.
Sacar la riqueza de donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que “yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana”, demuestra una total falta de ética y compromiso con la Patria.
La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco.
Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello, impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una Nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos,
Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuse al país un pacto ético: que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores, incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron, pero como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso dijeron que era atentar contra su derecho de participación política.
Nadie les impide que desarrollen actividades empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar impuestos; nadie les impide que amen a sus bolsillos, pero si quieren ser dignatarios o servidores públicos, deben tener como primera obligación ética amar a la Patria, confiar en ella, invertir en ella.
Llegó el momento de pasar del discurso a los hechos: en la mañana de hoy, he enviado a la Corte Constitucional un pedido para que, previo el control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?