El nuevo año comenzó con una sorprendente revelación: las ocho personas más ricas del planeta ahora concentran en sus manos tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Oxfam explica que esta creciente brecha entre ricos y pobres es causada, en parte, por una intrincada red de paraísos fiscales a la que recurren las élites para eludir el pago de impuestos, contratando además ejércitos de asesores financieros para garantizar altos rendimientos y bajos tributos para sus inversiones; algo inaccesible para el ciudadano medio.
En el transcurso de la última década, en Ecuador, hemos logrado históricos avances en materia de reducción de pobreza y redistribución del ingreso. Esta ha sido una década ganada para nuestro pueblo, que nos ha permitido sentar bases sólidas para el desarrollo de nuestro país, la diversificación de la economía, la profundización de la democracia, y la reducción de brechas insultantes.
Una parte significativa de los recursos públicos necesarios para dar este salto fueron el fruto de políticas que, entre 2007 y 2016, lograron triplicar los ingresos tributarios de impuestos que ya existían. Un 92% del aumento de la recaudación se debió a una mayor transparencia y eficiencia recaudatoria, y no a la creación de nuevos impuestos. De hecho, Ecuador es un país con una baja presión fiscal, 20,7% con relación al PIB, por debajo del promedio latinoamericano y muy inferior a la presión fiscal de países desarrollados tales como España, con 33,7% con relación al PIB.
Pero a pesar del notable avance de la cultura tributaria, nuestro pueblo sigue siendo víctima de la evasión fiscal y corrupción de una minoría de individuos que esconden su riqueza en los mal llamados paraísos fiscales.
Las revelaciones de los «Papeles de Panamá» develaron los procedimientos que usan los más ricos para eludir su responsabilidad con la sociedad. Las cifras globales son escandalosas. Un cálculo conservador estima que 7,6 billones de dólares estarían depositados en estas «guaridas fiscales».
Todos los países somos perjudicados por esta lacra, pero sobre todo, los países en vías de desarrollo, especialmente las naciones del Sur Global. Nuestros países requieren esos recursos para poder transformar sus economías. Necesitamos inversión pública que fomente talento humano, fortalezca los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, y mejore nuestra competitividad sistémica, elementos fundamentales para el cambio de la matriz productiva.
En Ecuador, se estima que 30.000 millones de dólares, un monto equivalente a un tercio de nuestro PIB, se encuentran escondidos fuera del país. Eso son aproximadamente 2.000 dólares por cada persona que vive en Ecuador. Y solo en los últimos tres años, más de 4.520 millones de dólares han salido del Ecuador rumbo a paraísos fiscales.
Nuestros migrantes ecuatorianos, por ejemplo en España, salieron de su país por falta de oportunidades y fueron uno de los principales soportes para el Ecuador y sus familias a través del envío de remesas. Por ello, resulta indignante que, por otro lado, una minoría de individuos sin escrúpulos evada sus obligaciones y saque su dinero de forma clandestina e insolidaria, perjudicando la economía de nuestro país.
Los paraísos fiscales también fomentan la corrupción. ¿Cómo puede un Gobierno detectar coimas de empresas corruptas y corruptoras, depositadas en cuentas secretas de empresas fantasmas en paraísos fiscales? Debemos ser coherentes. Para luchar contra la corrupción, hay que erradicar los paraísos fiscales.
Esta situación debe acabar y nuestro Gobierno ha decidido actuar. Este 19 de febrero, coincidiendo con las elecciones generales, consultaremos al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con lo que hemos denominado un «Pacto Ético»: prohibir que funcionarios públicos y autoridades de elección popular mantengan capitales en paraísos fiscales. Esto significa que cualquier candidato a una dignidad pública deberá traer de vuelta sus haberes escondidos en paraísos fiscales para poder concurrir a elecciones.
Somos conscientes de que, más allá de iniciativas en el ámbito nacional, la dimensión de este problema es planetaria. Por ello, en 2017 y en el ejercicio de la Presidencia del Grupo de los 77, apostaremos con fuerza a la agenda global por la justicia fiscal. Ecuador está retomando una vieja reivindicación del Sur: la creación de un órgano intergubernamental de la ONU que se dedique a supervisar y regular las prácticas fiscales de los Estados.
Sabemos que enfrentar uno de los mecanismos con el cual los poderosos mantienen sus privilegios no será fácil. La buena noticia es que un número creciente de países -quizá preocupados de que el terrorismo y el crimen organizado sigan aprovechándose del secretismo bancario para poder delinquir, más que por anhelos de justicia o redistribución global- están revisando sus posiciones a favor del statu quo. Enhorabuena. Cualquiera sea la motivación, ha llegado el momento para que la humanidad ponga fin a este flagelo global.